05 Noviembre 2009
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 4 de noviembre de 2009
En inglés
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El viernes pasado el régimen golpista en Honduras—que asumió el poder a través un golpe de estado militar en el 28 de Junio—y el presidente electo Mel Zelaya, llegaron a un acuerdo para restaurar la democracia.
La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, al anunciar lo que ella considera un “acuerdo histórico,” dijo: “No se me ocurre otro ejemplo de un país latino americano que… haya superado una crisis de tal magnitud a través de negociaciones y dialogo.” Ojala que esto resulte ser verdad.
Pero la tinta sobre el acuerdo apenas se había secado cuando los lideras del régimen golpista indicaron que no tenían ninguna intención de honorarlo. Evidentemente, algunos de ellos solo vieron el acuerdo como otra táctica dilatoria. Han discutido la posibilidad de aplazar la sesión extraordinaria del congreso que aprobaría el acuerdo hasta después de las elecciones del 29 de Noviembre, o incluso no votar a favor de restituir a Zelaya.
Si el Congreso de Honduras retrasa o rechaza la restitución de Zelaya estarán violando la clara intención del acuerdo. El acuerdo dice: “La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita.” Esta y otras partes del acuerdo demuestran que los negociadores—quienes tienen la capacidad de conseguir los votos necesarios en el Congreso—acordaron restituir a Zelaya.
Es más, en este caso retrazar la justicia es negarla: ya se han vencido dos-tercios del periodo legal para el proceso electoral, bajo condiciones de dictadura que han negado la posibilidad de conducir una campaña auténticamente libre.
El gobierno de Obama ha estado dividido en torno a como responder al golpe militar contra la democracia en Honduras. Es por eso que han mandado señales mixtas y han vacilado desde el comienzo. La primera declaración de la Casa Blanca ni siquiera condeno el golpe.
Los miembros del gobierno de Obama que piensan que ahora pueden ignorar el acuerdo y dejar que los lideres golpistas lo rompan deberían pensarlo bien. El equipo de Obama ya se ha avergonzado demasiado al tener que ser presionado—por el resto del hemisferio—para decirle al gobierno golpista que Washington no reconocería el resultado de las elecciones del 29 de Noviembre sin la previa restitución de Zelaya. Tan solo un par de semanas antes, el gobierno de Obama bloqueo una resolución en la Organización de Estados Americanos a tal efecto.
Pero la credibilidad de Washington ahora si que esta en juego: el equipo de Obama gestionó este acuerdo y consiguió un compromiso de parte de los lideres golpistas. Si cambian su posición ahora, ¿cuanto va valer la palabra de Obama en otros temas? Todo el mundo sabe que Washington tiene la capacidad de obligar al régimen golpista a que cumpla: hay miles de millones de dólares de sus activos en los Estados Unidos que podrían ser congelados o confiscados; los Estados Unidos es el destino del setenta por ciento de las exportaciones de Honduras. El régimen golpista no tiene la legitimidad ni base legal bajo ningún convenio o tratado internacional para enfrentar a los Estados Unidos si este fuera a implementar sanciones económicas.
El gobierno de Obama nunca utilizo las herramientas efectivas a su disposición. En vez, se mantuvo indeciso por meses, finalmente cortando tan solo una pequeña parte de su financiamiento al régimen golpista y revocando unas cuantas visas. El gobierno hasta se negó a declarar que hubo un golpe militar ya que esto requeriría más cortes al financiamiento bilateral. Más contundente, Washington se negó a denunciar las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, la cual utilizo la violencia para reprimir manifestaciones pacificas, detuvo ilegalmente a miles, censuro y clausuro medios de radio y televisión independientes, suspendió los derechos civiles, e incluso perpetro asesinatos políticos. Estos crímenes fueron denunciados por todas las más importantes organizaciones de derechos humanos, tanto afuera como dentro de Honduras—y por muchos gobiernos—pero el gobierno de Obama mantuvo un silencio ensordecedor.
Considerando los últimos acontecimientos, los lideres golpistas—uno de los cuales fue forzado a renunciar su cargo como canciller después de referir al presidente Obama como un “negrito del batey” y otros términos racistas—quizás piensan que pueden ignorar el acuerdo sin consecuencias. Pero el resto del hemisferio, y el pueblo de Honduras—el cual a desafiado la dictadura con valentía desde el primer día—no dejaran que se salgan con la suya. Nadie reconocerá las elecciones en Noviembre si Zelaya no es reinstaurado inmediatamente.
Este martes, 3 de Noviembre, Thomas Shannon, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, le dijo a CNN en Español que los Estados Unidos planea reconocer las elecciones del 29 de Noviembre con o sin la restitución del presidente Zelaya. Esto pondría a Washington en un curso de colisión directa con los otros gobiernos del hemisferio, incluyendo a Brasil. Además, según fuentes diplomáticas cercanos a las negociaciones, ambos Shannon y la Secretaria de Estado Hillary Clinton aseguraron que el acuerdo del 30 de Octubre devolvería Zelaya a la presidencia.
Tras el comentario de Shannon a CNN, el presidente Zelaya le mando una carta a Hillary Clinton preguntando si el gobierno de los Estados Unidos a cambiado su posición en torno al golpe de estado en Honduras.
El presidente Obama ahora tiene que decidir: puede obligar al régimen golpista a cumplir con el acuerdo, o puede perder aun más credibilidad frente a los gobiernos del hemisferio y del mundo.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
