30 Octubre 2013
Mark Weisbrot
The Guardian (UK), 29 de octubre, 2013
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¿Tiene el pueblo de Honduras el derecho a elegir su propio presidente y congreso? Eso depende de a quién se le pregunte. En 2009, el presidente centroizquierdista del país, Mel Zelaya, fue derrocado en un golpe militar que fue apoyado en gran medida (y según Zelaya, organizado) por el gobierno estadounidense. Después de seis meses y una gran ola de represión política, el gobierno golpista fue restituido con unas elecciones que casi todo el hemisferio – con excepción de, sí, usted lo adivinó, Estados Unidos – rechazó por ser consideradas ilegítimas.
Cuatro años después, este 24 de noviembre, los votantes hondureños acudirán una vez más a las urnas para participar en una lucha entre el partido pro democracia LIBRE, fundado por individuos que se opusieron al golpe, y el partido oficial, el Partido Nacional, cuyo abanderado será Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional y quien apoyó el golpe militar de 2009.
Si se tratara de una lucha limpia, es muy probable que LIBRE, cuya candidata presidencial es Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya, triunfara. La situación económica juega un papel importante en la mayoría de elecciones, y en general, un gobierno que ha presidido un deterioro en los niveles de vida de la mayoría de la población no es retornado al poder. Los datos de encuestas muestran que el 80 por ciento de los hondureños piensa que su situación actual es peor de lo que era hace cuatro años, y los datos respaldan esa opinión. El 10 por ciento más alto obtuvo más del 100 por ciento del total del aumento en el ingreso durante los dos años después del derrocamiento de Zelaya, revirtiendo marcadamente una fuerte tendencia hacia una mayor igualdad durante los años de Zelaya. El número de personas que involuntariamente trabajan medio tiempo ha tenido un incremento de 176 por ciento. La pobreza también ha aumentado, mientras que se había reducido de manera importante con Zelaya, quien logró un aumento del salario mínimo de casi el 100 por ciento en términos reales durante sus 3,5 años en el poder. Incluso la inversión privada, a pesar de las quejas de empresarios que apoyaron el golpe, creció a un ritmo mucho más rápido con Zelaya que con el régimen actual.
Pero como es de imaginarse, estas elecciones no serán peleadas en condiciones de igualdad. Durante los últimos seis meses ambos el Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU. han enviado cartas al secretario de Estado John Kerry expresando serias preocupaciones por la represión política y sus implicaciones para las elecciones el próximo mes en Honduras. La carta del Senado destacó un “patrón de violencia y amenazas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, miembros del clero, líderes sindicales, miembros importantes de la oposición, estudiantes, pequeños agricultores y activistas de la comunidad LGBT..”, así como “ejecuciones extrajudiciales”.
La carta del 15 de octubre por parte de la Cámara de Representantes mencionó que “al menos dieciséis activistas y candidatos de LIBRE han sido asesinados desde junio de 2012” y que “el gobierno de Honduras no ha logrado investigar y procesar efectivamente a los responsables de estos asesinatos…”.
“Los abusos a los derechos humanos bajo el gobierno actual continúan siendo una amenaza en contra de las libertades civiles básicas, los candidatos de oposición no disfrutan de igualdad de condiciones y las fuerzas de seguridad del Estado están tomando un papel cada vez más importante y ominoso en el contexto de las elecciones.
Estamos particularmente alarmados tras descubrir que el partido oficial y su candidato presidencial, el Sr. Juan Orlando Hernández, dominan actualmente todas las instituciones clave del gobierno, incluso la autoridad electoral del país y el ejército, el cual distribuye las papeletas de votación — lo que limita las opciones de los ciudadanos hondureños en caso de que se cometa fraude durante el proceso electoral o que las violaciones a los derechos humanos continúen siendo una amenaza al debate abierto”.
El problema es que el gobierno de Obama no respeta ni el derecho a elecciones libres, ni los derechos humanos básicos en Honduras. Hicieron el gran esfuerzo en 2009 por deshacerse del presidente democráticamente electo y pagaron un importante costo político en el hemisferio: en esos momentos, todos los gobiernos de Sudamérica esperaban que Obama actuara de manera diferente a su predecesor y le creyeron cuando prometió que Washington no le daría apoyo al golpe. Y sufrieron más que una decepción; el apoyo del gobierno de Obama al golpe y su manipulación de la Organización de Estados Americanos con estos fines, llevaron a que se fundara una nueva organización hemisférica, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la cual excluye a Estados Unidos y Canadá.
¿Qué se puede hacer entonces? Los gobiernos de Sudamérica deben expresarse energéticamente a favor de unas elecciones libres y de los derechos humanos en Honduras. Dado que la izquierda Latinoamericana tiene una preocupación profundamente arraigada por la soberanía nacional, los gobiernos progresivos han sido renuentes a tomar cualquier acción que parezca ser una interferencia en los asuntos internos de otros países. Esto los pone en desventaja frente a Washington, que no tiene ese tipo de escrúpulos y que interviene con millones de dólares en las elecciones actuales.
Pero Sudamérica ha mostrado frecuentemente su apoyo a los gobiernos que son amenazados o acosados por Estados Unidos: recientemente en los casos de Venezuela después de las elecciones presidenciales de abril y de Bolivia cuando el avión de Evo Morales fue forzado a aterrizar en Europa el pasado julio. También intervino en 2009 para frenar a Washington en su intento de aumentar su presencia militar en Colombia, la cual fue vista como una amenaza a la región.
Como señaló el presidente Rafael Correa de Ecuador en 2009, el golpe de Washington en Honduras también fue una amenaza para la región, así como lo es su colaboración con el gobierno resultante para prevenir que se den elecciones democráticas. Y también lo es la militarización de Honduras, con el aumento por parte de Estados Unidos de sus bases en ese país. Esto es parte de la respuesta de Washington ante la elección de gobiernos de izquierda a lo largo de la mayor parte del hemisferio: aumentar su presencia militar y solidificar su control en los pocos lugares en donde, gracias al exterminio de la democracia, aún reina a sus anchas.
Los líderes sudamericanos deben recordarle al mundo que ésta es una lucha por la autodeterminación – que los hondureños no renuncien a sus derechos civiles y nacionales solamente porque Estados Unidos tiene bases en su país y piensa que esto es más importante que tener elecciones libres.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington, D.C. También es presidente de la organización de política exterior, Just Foreign Policy.
