Workers

Sector del trabajo

CEPR identifies and tracks trends affecting American workers and their wages and benefits, as well as unemployment rates.

CEPR identifica y monitorea las tendencias que afectan a los trabajadores estadounidenses incluyendo sus salarios y beneficios, así como las tasas de desempleo.

CEPR identifies and tracks trends affecting American workers and their wages and benefits, as well as unemployment rates.

CEPR identifica y monitorea las tendencias que afectan a los trabajadores estadounidenses incluyendo sus salarios y beneficios, así como las tasas de desempleo.

Op-Ed/Commentary

Sector del trabajo Cómo se da el cambio en los Estados Unidos: El salario mínimo
Mark Weisbrot Últimas Noticias, 5 de Enero 2014 Economic Intelligence (U.S. News & World Report), 6 de Enero 2014 En Inglés Ver la versión original La semana pasada el New York Times informó que “los líderes del partido Demócrata (…) han encontrado un tema que creen podría elevar sus fortunas tanto a nivel local como nacional en el 2014: un aumento del salario mínimo”. Se trata de una buena señal de que millones de trabajadores mal pagados en el país más rico del mundo finalmente obtendrán un aumento. No es un trato hecho todavía, pero vale la pena observar cómo fue que llegamos a este punto. Aunque se sabía que la mayoría de los estadounidenses no participaba de los beneficios del crecimiento económico, siendo una realidad bien documentada durante décadas, este hecho solamente se convirtió en un asunto político de importancia cuando un movimiento de base, conocido como Occupy Wall Street, lo adoptó como tema principal. Este movimiento planteó un marco político que resaltaba el conflicto entre el “uno por ciento” – la gente que se había beneficiado enormemente en el período previo a la Gran Recesión – y el 99 por ciento que tuvo que pagar el precio por la avaricia y el exceso de Wall Street y de los ricos. Gracias a Occupy los medios tomaron mayor nota e informaron mucho más acerca del problema de la creciente desigualdad. Los economistas, investigadores y centros de investigación cuyo trabajo había sido ignorado por los medios durante mucho tiempo, comenzaron a tener más peso en los medios. La conciencia pública al respecto aumentó. Un sondeo del 2011, con el movimiento Occupy en pleno vuelo, encontró que el 66 por ciento del público consideraba que existían conflictos “fuertes” o “muy fuertes” entre ricos y pobres, comparado a un 47 por ciento apenas dos años antes. Algunos políticos comenzaron a alzar su voz acerca de estos temas. El candidato a alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo del nivel de desigualdad espectacular en su ciudad su principal tema de campaña – dándole el nombre de “Una historia de dos ciudades” – y obtuvo una victoria aplastante en noviembre. Aunque el movimiento Occupy se haya disipado – debido en parte a las altas dosis de represión policial para sacar a la gente de los espacios públicos – surgieron otras formas de organización masiva en torno a estos temas. Los trabajadores de comida rápida organizaron paros y protestas que se extendieron a 60 ciudades en todo el país en agosto. Gracias a esta campaña, su historia – la de padres que se esforzaban por alimentar a sus hijos y pagar el alquiler con un sueldo promedio de $9.00 por hora (donde muchos se quedaban apenas con el sueldo mínimo federal de $7.25) – llegó a público más amplio. El ciudadano común descubrió que la mayoría de los trabajadores de comida rápida no eran adolescentes; más del 25% de ellos están criando por lo menos a un niño o niña. El 4 de diciembre, el Presidente Obama dio un discurso acerca de lo que llamó una “una persistente tendencia durante décadas” de “desigualdad peligrosa y creciente.” Tristemente, pareció no darse cuenta de las políticas deliberadas del gobierno que habían sido la principal causa de esta tendencia de varias décadas de duración. Pero su discurso era notable e inusual para un Presidente de los EEUU: “Desde 1979”, dijo, “cuando me gradué del liceo, nuestra productividad ha aumentado en más de 90 por ciento, pero el ingreso de la familia típica ha aumentado en menos de ocho por ciento. Desde 1979, el tamaño de nuestra economía se ha más que duplicado, pero la mayor parte de ese crecimiento ha terminado en manos de unos pocos afortunados”. Durante décadas, los presidentes no hubieran insistido de esta manera sobre un semejante tema, temiendo que los principales medios los acusaran de fomentar la “guerra entre clases”. Pero el clima político ha cambiado. Obama también se comprometió a “seguir empujando hasta que logremos el aumento del salario mínimo”, y se tomó el tiempo de rebatir los trasnochados argumentos contra el salario mínimo, que desde larga data han sido desprestigiados por estudios económicos. Ahí está pues: una combinación de acción de base llevada a cabo por activistas y trabajadores organizados, junto a más educación pública, cambió la consciencia de la población a tal punto que los políticos y sus encuestadores han llegado a reconocer que existe saldo político en aumentar el salario mínimo. Cuando se escriba esta historia, la verdadera causa de la reforma pasará en gran parte desapercibida. Lamentablemente, la propuesta de aumento del salario mínimo a $10.10 a lo largo de dos años que respalda la Casa Blanca – aunque sea importante – no revertirá mucho la magnitud del daño de las últimas cuatro décadas. Imaginemos ahora un movimiento por la reforma de las leyes laborales, en la línea de lo que el Presidente Obama prometió apoyar durante su campaña presidencial del 2008: particularmente la Ley de libre elección para el trabajador, que restauraría los derechos de los trabajadores de los EEUU – degradados de modo significativo desde 1980 – para formar sindicatos y negociar colectivamente. Por supuesto que los grandes grupos de presión empresariales combatirían esta medida con mucha más fuerza que un aumento en el salario mínimo. Pero en 2009, cuando los Demócratas controlaban tanto el Congreso como la Presidencia, existía por lo menos una posibilidad. La restauración de los derechos de negociación colectiva representaría una reforma estructural que cambiaría el país; y tarde o temprano habrá suficiente organización de base para convertir este sueño en realidad. Mark Weisbrot es Co-director del Centro de Investigación Económica y Política, en Washington, D.C., también es Presidente de Just Foreign Policy (www.justforeignpolicy.org)

Mark Weisbrot / 05 Enero 2014

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribeSector del trabajoEl Mundo Aministración de Bush presiona para "cambio de régimen" en Venezuela
5 de diciembre, 2002, Mark Weisbrot    En inglés Aministración de Bush presiona para "cambio de régimen" en Venezuela Por Mark Weisbrot Knight Ridder/Tribune Information Services - 2 de diciembre, 2002 Providence Journal (Rhode Island) - 5 de diciembre, 2002 Son las 10 de la noche – ¿Sabes que está haciendo tu gobierno?. Parecería que la Administración de Bush no solo quiere el “cambio de régimen” en Irak. Aparentemente, el gobierno estadounidense ha decidido que el Presidente Chávez de Venezuela también debe irse, sea como sea. Es verdad, Saddam Hussein es un tirano brutal que ha invadido y amenazado a sus países vecinos – mientras que Hugo Chávez fue elegido democráticamente, no ha mostrado ninguna mala voluntad a sus vecinos, y tolera un bombardeo constante de propaganda virulenta y odiosa difundida por los grandes medios venezolanos en contra de su presidencia. Pero estas diferencias pueden desdibujarse, porque ambos han ofendido al gobierno estadounidense, y ambos controlan una cantidad importante de petróleo. Por lo tanto, se puede perdonar a la mayoría de los estadounidenses por tener la misma impresión que los dos lideres, debido a lo que escuchan en los medios. Una editorial reciente en el Washington Post se refería al gobierno de Chávez como “una dictadura”. Esta semana la principal agrupación empresarial FEDECÁMARAS, apoyada por algunos líderes sindicalistas, convocó otra vez a un paro general en contra del gobierno de Chávez. Aparentemente, buscan el mismo escenario que  llevó al  golpe de estado del 11 de abril pasado. En nuestra cultura política amnésica, medio año puede ser una eternidad; más tiempo del que se necesitaría para re-escribir la historia y hacer borrón y cuenta nueva. Sin embargo, fue hace seis meses, el  11 de abril, cuando las fuerzas opositoras derrocaron al gobierno democráticamente electo de Venezuela. Instalaron al líder de la FEDECÁMARAS como presidente y disolvieron la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y a los Gobernadores de las entidades federales democrática y legítimamente electos. Al principio, la administración de Bush apoyó al golpe, retractándose al día siguiente cuando los otros países de  América no siguieron sus pasos al desconocer al gobierno ilegal. Y por su puesto que los funcionarios negaron haber tenido  rol alguno en el golpe. Hay un cúmulo de evidencias que permiten sostener lo contrario, y que indican que tuvieron mucho que ver con el golpe. Hubo múltiples reuniones entre funcionarios de la administración de Bush y los golpistas en los meses anteriores al golpe. También sabemos que la oposición recibió dinero del gobierno estadounidense. Pero más importante aún es el ánimo y apoyo político que da Washington. Los que están intentando derrocar al gobierno venezolano  en este preciso instante saben que el gobierno de los Estados Unidos hará todo lo posible  para  apoyar cualquier dictadura que resulte. Saben esto porque ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han indicado que un golpe resultaría en sanciones diplomáticas o comerciales en contra de un gobierno ilegal. Sería un muy fácil para la Administración Bush emitir tal comunicación. Pero aún con las movilizaciones recientes del 21 de octubre y del 2 de Diciembre, con rumores de atentados golpistas por todas partes, nuestros oficiales han mantenido un silencio revelador, y han evitado decir cualquier cosa que desaliente a la oposición violenta. Los EE.UU. también apoyan la demanda de la oposición de tener elecciones anticipadas. Aunque la constitución venezolana prevé un Referéndum Revocatorio en la mitad del mandato presidencial, la oposición no quiere esperar hasta Agosto. Hay dos razones para su impaciencia: Primero, la economía está en plena recesión ahora, pero podría recuperarse antes de agosto. La economía venezolana recibiría una reactivación importante con el aumento en los precios de petróleo que probablemente resultaría de una guerra con Irak. Segundo, la recesión se ha prolongado y profundizado porque los inversionistas están efectivamente en paro en contra del gobierno, sacando dinero del país y reteniendo inversiones, apostando a la esperanza de un nuevo presidente. Como cualquier paro, no puede continuarse indefinidamente. Por su puesto que no tiene tanto sentido que Chávez llame a elecciones anticipadas como  si el Presidente Reagan lo hubiera hecho en 1983, cuando – debido a una recesión y a la alta tasa de desempleo – “sólo” tenía el apoyo del 35% de la población en las encuestas. Pero la prensa estadounidense – junto con la administración de Bush – piensa que esto sea una demanda perfectamente razonable. Una retractación publicada en el Chicago Tribune el 20 de abril recibió poca atención pública, pero resume el prejuicio extremo que tienen nuestras organizaciones mediáticas en contra del presidente de Venezuela: “Un editorial este día erróneamente dijo que el presidente venezolano Hugo Chávez había elogiado a Osama bin Laden. El Tribune lamenta este error.” ¡Menos mal! Mark Weisbrot es co-director del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) en Washington, D.C.  

Mark Weisbrot / 02 Diciembre 2002

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