19 Diciembre 2002
19 de diciembre, 2002, Mark Weisbrot En inglés
Los Estados Unidos todavía interveniendo en la Venezuela
Por Mark Weisbrot
Daily News (Los Angeles, CA) – 19 December 2002
Aventura News (South Miami, FL) – 17 de enero 2003
CARACAS (18 de diciembre) “¿De donde están sacando su dinero?” se pregunta el historiador Samuel Moncada, mientras la televisión emite uno trás otro los anuncios de la oposición. Moncada es el director de la Facultad de Historia en la Universidad Central de la Venezuela en Caracas. Estamos en uno de los pocos restaurantes que quedan abiertos en los barrios del lado este y más rico de Caracas.
En las dos semanas que lleva el paro nacional liderado por las cámaras empresariales, los canales privados que dominan la televisión venezolana han difundido anuncios de la oposición en vez de avisos comericales, sumando a su cobertura casi-constante de las manifestaciones de la oposición.
“Estoy seguro de que tienen dinero del extranjero,” afirma Moncada. Es una buena conjetura: anteriormente al golpe del 11 de abril, la Fundación Nacional para la Democracia (N.E.D. – una fundación del gobierno de los EE.UU) aumentó su aporte a los grupos de oposición, inclyendo sus contribuciones dinfundidas por medio del Instituto Republicano Internacional (IRI). Los fondos de éste último se sextuplicaron llegando a $340,000 de dólares en el 2001.
Pero si la historia es guía, el aporte financiero de Washington resultará ser solo la punta del témpano. Así sucedió en Haití, Nicaragua, Chile, y otros países donde Washington ha buscado un “cambio de régimen” porque los líderes estadounidenses no se dejaron acobardar con los deseos de los votantes expresados en las urnas de estos países. (En realidad, Washington está apoyando esfuerzos por derrocar al Presidente Aristide en Haití – por segunda vez). En estos episodios, los cuales se extendieron hasta los años 90, el gobierno estadounidense ocultó cientos de millones de dólares destinados a escuadrones de la muerte, huelgas, desestabilización económica, campañas electorales y medios de difusión.
En el caso venezolano, todo esto quedaría por investigar. Pero las intenciones del gobierno estadounidense son claras. La semana pasada el Departmento de Estado ordenó abandonar el país a todo su personal no-esencial, y advirtió a los ciudadanos estadounidenses que no viajaran a Venezuela. Sin embargo, ninguno de los actores en el conflicto político venezolano ha patrocinado ataques contra ciudadanos o compañías estadounidenses, y Venezuela no es un lugar particularmente peligroso para estadounidenses en este momento.
En esta situacion, las medidas y advertencias extremas del Departmento de Estado solamente pueden ser interpretadas r como amenazas. La Administración de Bush se ha aliado abiertamente con la oposición, llamando a elecciones tempranas. A la semana siguiente, Bush cambiabó de rumbo al pedir un Referéndum Revocatorio, probablemente calculando que una oposición dividida sería facilmente derrotada por Chávez en una elección abierta, no obstante el control que ejerce la oposición sobre todos los medios de comunicación importantes, lo cual debiera darles una ventaja abrumante.
El debate en la prensa estadounidense, dominado por las posiciones de Washington, también ha tomado un tono orwelliano. Se lo acusa a Chávez por usar “poderes dictatoriales” en su envio del ejército a retomar el control de los buques petroleros de manos de capitanes en huelga. Ari Fleischer, el portavoz de la administración de Bush, ha instado al gobierno venezolano “al respecto a los derechos individuales y las libertades fundamentales.”
¿Pero que pasaría en los Estados Unidos si a alguien se le ocurriera secuestrar un buque petrolero de Exxon-Mobil? Enfrentarían un juicio y una larga sentencia penal. Miembros del ejercito que manifestasen frente a la Casa Blanca demandando el derrocamiento del gobierno (y esto solamente seis meses después de un golpe militar apoyado por una potencia extranjera) se encontrarían en el base militar en Guantánamo enfrentando un tribunal militar secreto acusados de terrorismo.
En realidad, la prensa estadounidense sería mucho más justa si tratara al gobierno venezolano usando los patrones de los Estados Unidos. En los EE.UU., los trabajadores del sector público no tienen el derecho de huelga, como bien mostró el Presidente Ronald Reagan cuando despidió a 12.000 controladores aéreos en 1981. Pero aún esta analogía no cabe: los controladores aéreos estaban de huelga para demandar mejoras en sus condiciones de trabajo. Los empleados de la compañía pública de petroleo venezolana – en su mayor parte gerentes y ejecutivos – están intentando paralizar a la economía, que es profundamente dependiente de sus exportaciones de petroleo, con fines de derrocar al gobierno. En los Estados Unidos, los empleados en el sector privado ni siquiera tienen el derecho legal de de hacer huelga para demandas políticas, y ciertamente no para la renuncia del presidente.
En los Estados Unidos, las cortes frenarían al paro, y las tesorerías de los sindicatos participantes serían confiscadas, y sus líderes serían arrestrados.
Mientras tanto, más allá de los barrios más ricos del este de Caracas, las tiendas siguen abiertas y la gente llena las calles, yendo de compras. La vida parece normal. Es obviamente un paro de los privelegiados, al cual la mayor parte del país no se ha sumado.
Ahora, más que todo, el país necesita del dialogo y una disminución de las tensiones y hostilidades entre los dos campos opositores, para poder evitar a una guerra civil. Pero jamás se producirá este dialogo si los Estados Unidos continúa por su camino de aumentar a la confrontación.
Mark Weisbrot es Co-Director del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR) en Washington D.C.
