23 Junio 2021
Los autores desean agradecer a Alex Main, Annee Lorentzen, Dan Beeton, Lyndsey Ellis, Brett Heinz, Jeremy Ross y Franklin Serrano. Gracias a Sarah Green y Francesca Emanuele por su apoyo con la traducción de este informe.
Este documento analiza la economía de Bolivia durante el gobierno de facto que asumió el poder después de un golpe militar en noviembre de 2019, y que gobernó por un año. El golpe de Estado derrocó a un presidente elegido democráticamente, Evo Morales, a quien aún le quedaban varios meses para el mandato al que fue elegido en 2014. Otros informes han documentado la violencia y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de facto. La Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS, por sus siglas en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR, por sus siglas en inglés) encontraron que el asesinato de civiles por parte de las fuerzas estatales en noviembre de 2019 fue el segundo más alto en cualquier mes durante casi 40 años. Dos masacres cometidas por las fuerzas de seguridad dentro la semana después de que el gobierno de facto asumiera el poder mataron al menos a 22 personas e hirieron al menos a 170.
El informe de HLS/UNHR hace hincapié en el carácter racista de la violencia, incluyendo que todas las víctimas de estas masacres eran indígenas. Bolivia tiene el mayor porcentaje de población indígena de las Américas, y Evo Morales fue el primer presidente indígena del país; su gobierno había emprendido numerosas reformas y políticas económicas que habían beneficiado a los pueblos indígenas de Bolivia, que están en desventaja económica en relación con el resto de la población.
A pesar de su estatus ostensible de “gobierno interino”, el gobierno de facto instituyó una serie de cambios regresivos en la política económica. También manejó mal la respuesta a la pandemia y a la recesión relacionada de tal manera que indicaba que estaba llevando a cabo una agenda de política económica, junto con su agenda política, que era muy diferente del gobierno anterior.
Desde el tercer trimestre de 2019, hasta el cuarto trimestre (cuando ocurrió el golpe), el gasto del sector público cayó drásticamente, reduciéndose en un 7 por ciento del PIB trimestral. 1 Aunque parte de esta caída se recuperó en el primer trimestre de 2020 (3 puntos porcentuales), los recortes dañaron la economía antes de la pandemia/recesión.
El gobierno tampoco aumentó el valor nominal del salario mínimo, por primera vez desde 2005, y redujo drásticamente los salarios del sector público. Estas eran más indicaciones de sus objetivos de cambiar las políticas del gobierno electo anterior.
El FMI proyecto que el PIB real disminuyo un 7,7 por ciento en 2020. La mayor parte fue el resultado de la pandemia, incluyendo los cierres de la actividad económica que se implementaron para contener la propagación del virus. Sin embargo, la austeridad prepandémica contribuyó a la profunda recesión. A principios de febrero de 2021, a pesar de haber reducido enormemente el gasto del sector público durante el trimestre anterior, el gobierno de facto anunció que una mayor reducción del déficit era una prioridad.
Sin embargo, eso no fue posible mientras la pandemia empezaba; el déficit fiscal para 2020 terminó en 12,3 por ciento, alrededor de 5,7 puntos porcentuales más alto que el objetivo del gobierno de facto. El partido de oposición MAS (Movimiento al Socialismo) del gobierno anterior todavía tenía mayoría en la legislatura; y en parte debido a esta mayoría, el gobierno adoptó una serie de políticas fiscales anticíclicas. Algunas de estas medidas — por ejemplo, el alivio financiero y los aplazamientos del pago de préstamos/intereses — beneficiaron principalmente a los grupos de ingresos altos; pero la mayor parte del gasto se dirigió más a la mayoría de la población.
Estas medidas incluyeron transferencias de ingresos que ascendían alrededor del 1,8 por ciento del PIB, incluyendo tres programas que compensaron la pérdida de ingresos familiares resultante de la pandemia/recesión. También se redujeron las tarifas de los servicios públicos, se redujo o se pospuso la recaudación de impuestos, así como los reembolsos de préstamos y los intereses; aumento del gasto en salud pública; y un programa de alivio financiero dirigido a las pequeñas empresas. Al final del año, estas medidas fiscales totalizaron alrededor del 5,2 por ciento en 2020, aunque parte de estas se implementaron después de que Luis Arce asumiera la presidencia en noviembre.
El gobierno de facto también continuó la política monetaria expansiva del gobierno anterior. Incluyendo medidas para garantizar la liquidez de las instituciones financieras bolivianas, y las tasas de interés reales seguían siendo bajas.
No obstante, las medidas del gobierno de facto tomadas después del inicio de la pandemia fueron insuficientes para contrarrestar el impacto de una recesión severa. Aunque no hay medidas disponibles para el aumento de la pobreza, parece probable que haya aumentado sustancialmente durante el año siguiente al golpe. Al mismo tiempo, el daño político fue enorme, y como se señaló anteriormente (y se detalla a continuación), la violencia del Estado y otras violaciones de los derechos humanos, el derrocamiento de la democracia y el daño a las instituciones democráticas fueron graves.
En octubre de 2020, Luis Arce, quien fue ministro de Economía durante la presidencia de Morales, fue elegido presidente con más del 55 por ciento de los votos y un margen de 26 puntos porcentuales. Arce ha declarado su intención de reactivar el crecimiento, así como el progreso económico y social, principalmente, según él, volviendo a políticas que tuvieron éxito durante los años de Morales. Durante estos años (2006-2019) la pobreza se redujo en un 42 por ciento y la extrema pobreza en un 60 por ciento. El PIB real per cápita creció más del 50 por ciento; y durante los últimos cinco de esos años creció más rápido que en cualquier otro país de América del Sur.
El FMI anticipa un fuerte repunte de la economía boliviana en 2021, con una tasa de crecimiento real de 5,5 por ciento, uno de los mayores repuntes de América Latina. Los pagos anuales de intereses de la deuda pública, incluyendo tanto externos como internos, son bastante bajos de alrededor del 1 por ciento del PIB.
Pero para evitar que se repitan tales ataques a la democracia y a los derechos humanos involucrados en el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente, debe abordarse la base institucional del golpe de Estado. En este caso, el liderazgo de la Organización de Estados Americanos (OEA) — apoyado por la administración de Trump ― jugó un papel importante, tal vez indispensable, en el golpe. Lo hizo mientras actuaba como observador oficial promoviendo una narrativa obviamente falsa de fraude, que se convirtió en la base política del golpe. (Véase a continuación, para algunos detalles de, así como referencias a, la extensa evidencia de lo que hizo la OEA.)
En la actualidad, las mejores esperanzas para una necesaria investigación provienen tanto de Estados Unidos como de América Latina.Numerosos miembros del Congreso de los Estados Unidos no solo han denunciado la violencia cometida por el gobierno de facto, sino que también han exigido respuestas de la OEA, y una investigación sobre el papel de la OEA en la promoción del golpe de Estado.
“El Secretario Almagro y sus colegas siguen evitando responder por declaraciones y acciones que pueden haber contribuido a la erosión de la democracia y los derechos humanos en Bolivia”, dijo una carta de 25 miembros del Congreso. También señalaron: “El Congreso de los Estados Unidos apropia la mayoría del presupuesto de la OEA.”
Gobiernos y líderes latinoamericanos también se pronunciaron. México, en la OEA, denunció “el deseo del Secretario General de intervenir en los asuntos internos de nuestros Estados y dañar nuestras democracias. Lo que sucedió en Bolivia nunca debe repetirse.”
El Grupo de Puebla, en una declaración firmada por cuatro expresidentes latinoamericanos, afirmó que “no hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, y Evo Morales debería haber asumido la presidencia legítima de Bolivia si la OEA, en su calidad de Observador, no hubiera ignorado los resultados electorales.”
La evidencia (véase más adelante) contra las afirmaciones falsas presentadas repetidamente por la OEA — tanto antes como después del golpe de Estado — ya han ido más allá de una duda razonable. Lo único que queda es establecer una rendición de cuentas.
