05 Julio 2017
Deborah James
La Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), 27 de junio, 2017
HuffPost, 26 de junio, 2017
Observatorio Petrolero Sur, 27 de julio, 2017
La 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 10 al 13 de diciembre de 2017. Tras años de quedar relegada mientras se negociaban otros tratados “de libre comercio”, las grandes empresas volvieron a centrar su atención en la OMC, especialmente el sector de la tecnología de punta, que actualmente incluye a cinco de las siete empresas más grandes del mundo. Estas empresas están decididas a lograr en la OMC lo que aún no han podido garantizar en ningún otro acuerdo: nuevas normas que fijen oportunidades para obtener ganancias en la economía digitalizada del futuro. Lo que buscan en Argentina es un mandato para realizar nuevas negociaciones en el marco del “comercio electrónico”, pero la realidad es que estas nuevas normas limitarán aún más la capacidad de los gobiernos para promover medidas de prosperidad y reducir la desigualdad, incluso mientras sufren las consecuencias políticas de las revueltas de las comunidades que fueron dejadas atrás.
Al principio se tenía la esperanza de que a Trump no le interesara tanto asumir una posición de liderazgo en torno a los intereses de la industria de la tecnología, tal como al gobierno anterior. Pero al final, los integrantes de su equipo encargado de las cuestiones comerciales comenzaron a referirse al comercio electrónico como una prioridad para que Estados Unidos avance, lo que incluye “cosechar” el capítulo sobre comercio electrónico del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) para otros acuerdos.
Además del comercio electrónico, las negociaciones se están caldeando en varias áreas relacionadas con el comercio de servicios, lo que acotaría la capacidad de los gobiernos para limitar el comportamiento de las empresas en interés del público. Entre los posibles resultados de Buenos Aires también se incluirían nuevas normas en materia de las disciplinas a los subsidios a la pesca, que contribuyen con la crisis mundial causada por la pesca excesiva, pero estas nuevas normas pueden ser un vehículo oculto para ayudar a las grandes flotas a expensas de los pequeños pescadores.
Desafortunadamente, los negociadores no están prestando mucha atención a lo que debería ser la agenda principal: transformar las normas agrícolas mundiales que restringen la capacidad de los países en desarrollo para garantizar la soberanía alimentaria de sus poblaciones a la vez que le otorgan al gran agronegocio subsidios prácticamente ilimitados; y aumentar las flexibilidades de los países en desarrollo para que puedan usar el comercio a favor de su propio desarrollo.
Amenaza a la vista: Los derechos de las empresas se imponen mientras se deja de lado el control público
A partir de una propuesta de Estados Unidos con fecha de julio de 2016, casi una decena de propuestas en materia de comercio electrónico se han circulado en la OMC, muchas de ellas con disposiciones que se superponen. Estas propuestas están diseñadas en torno a una economía mundial, digital y sin fronteras en la que las principales empresas de tecnología, financieras, logística y otras como Amazon, FedEx, Visa y Google pueden trasladar en términos de tiempo y espacio mano de obra, capital, insumos y datos sin límites. También pretenden imponer la apertura de nuevos mercados a la vez que limitan las obligaciones de las empresas para garantizar que los trabajadores, comunidades o países se beneficien con sus actividades.
Los propulsores esconden sus propuestas en el caballo de Troya de la necesidad de impulsar el desarrollo a través del poder de las pequeñas y medianas empresas (PyME) mediante el comercio electrónico. Pero es muy poco probable que las PyME puedan competir con empresas transnacionales gigantes que gozan de los beneficios de su magnitud, subsidios históricos, avances tecnológicos, una infraestructura fuerte apoyada por los Estados y un sistema de normas comerciales redactadas por sus propios abogados.
Algunas disposiciones clave de las propuestas incluyen prohibir los requisitos de mantener los datos a nivel local o incluso tener una presencia local en el país, además de la ausencia de impuestos transfronterizos para los productos digitales. Pero no existen fundamentos económicos sobre por qué los bienes que se comercian digitalmente no deberían contribuir con la base tributaria nacional, mientras que los bienes que se comercian de forma tradicional en general sí contribuyen. Y los datos son ahora el recurso más valioso: es por eso que los mercados valoran tanto a las empresas que ofrecen sus servicios de forma “gratuita” a los consumidores. Fijar las normas en la OMC para permitirle a las empresas transferir datos alrededor del mundo sin restricciones negaría para siempre el derecho a los países de beneficiarse de sus propios datos e información en el futuro. También tiene graves implicancias en términos de la privacidad de los datos y la protección de los consumidores. Lo que los propulsores de la OMC denominan “obstáculos de localización” son en realidad herramientas que los países usan para garantizar beneficiarse de la presencia de empresas transnacionales y avanzar en su propio desarrollo.
Ya sabemos que las características distintivas de Uber y Amazon incluyen la deslocalización de los mercados laborales y la precariedad del trabajo. Esto se aceleraría si sus propuestas son aceptadas en la OMC. Los gigantes de la tecnología consolidarían su poder monopólico. Su tristemente reconocida evasión fiscal se vería facilitada por un tratado internacional vinculante y sería prácticamente imposible contener la inestabilidad financiera que surja como resultado.
Los miembros de la OMC no tienen actualmente un mandato para redactar nuevas normas mundiales sobre “comercio electrónico” y no deberían obtener uno en Buenos Aires. Incluso sin nuevas normas de la OMC en materia de comercio electrónico, el comercio electrónico está en auge y las PyME ya pueden vender sus productos por Internet. Por supuesto, el comercio electrónico puede ser un agente para la creación de empleo y el desarrollo y definitivamente tiene el potencial de expandir la innovación, aumentar las opciones para los consumidores, conectar a los productores con consumidores lejanos y aumentar la conectividad a nivel mundial. Pero esto no es lo mismo que tener normas internacionales vinculantes redactadas por Google para su propio beneficio.
Amenazas a la regulación en el interés público
Planes empresariales similares se encuentran detrás del esfuerzo de adoptar nuevas normas con el fin de limitar la reglamentación nacional de servicios. Para proporcionar un servicio, debe haber una persona, en algunos casos un profesional con experiencia, que a menudo tiene competencias profesionales con las que deben cumplir. Por lo general hay una empresa a la que habitualmente se le exige que tenga una licencia para proporcionar el servicio. Finalmente está el método de suministrar el servicio y por lo general los gobiernos tienen estándares técnicos (tales como disposiciones contra terremotos en el sector de la construcción) a los cuales deben adherirse los proveedores de los servicios.
Desafortunadamente, el enfoque de las normas que se proponen en materia de reglamentación nacional en la OMC no es aumentar el valor social o la accesibilidad del servicio, sino que pretende garantizar que tres clases de reglamentación -los procedimientos y requisitos de competencia, los procedimientos y requisitos de licenciamiento y los estándares técnicos- sean “razonables”, “objetivos”, “transparentes” y que no representen “una carga mayor que la que se necesita para garantizar la calidad del servicio” y además que los estándares técnicos deberían desarrollarse en el marco de un proceso “abierto y transparente”.
Estos son términos abiertos. Cómo se interpretan en la OMC podría socavar significativamente la soberanía reglamentaria de los países, poniendo los intereses de los proveedores de servicios extranjeros por encima de las obligaciones de los gobiernos de garantizar que los servicios se proporcionen a favor del interés del público. ¿Quién decide si la administración de temas laborales, impuestos, o leyes sobre medio ambiente o seguridad que afectan a las empresas extranjeras de servicios es “razonable?” Si una comisión local de urbanismo está de acuerdo con el rechazo a nivel local contra el establecimiento de un hipermercado cerca de un sitio histórico, ¿sería objetiva? Si un estado decidiera aceptar una recomendación de una revisión ambiental y prohibir la fractura hidráulica como método para obtener gas, ¿se consideraría una carga mayor? En lugar de los gobiernos locales, los paneles comerciales podrían estar a cargo de tomar decisiones para una comunidad que son inherentemente subjetivas ya que implican importantes juicios personales.
Y es necesario observar que esto sucede en el caso de la reglamentación nacional; las normas que se proponen no solo se aplicarían en el campo de los servicios comerciados, que es donde debería terminar la competencia de la OMC. Los miembros acordaron hace años desarrollar todas las disciplinas necesarias en torno a estas medidas, pero la mayoría de los países en desarrollo, e incluso Estados Unidos, tienen dudas de si tales normas son “necesarias”.
Pesca: ¿Subsidiar a los pobres o los ricos?
El otro gran “resultado” por el que se presiona en Buenos Aires es una forma de hacer frente al problema de la pesca excesiva negociando límites para los subsidios que los gobiernos proporcionan a las industrias pesqueras. Existe un camino claro hacia un resultado a favor del desarrollo y a favor del medioambiente si se imponen disciplinas a las flotas industriales a las que se les otorgan subsidios para aumentar su capacidad de pescar excesivamente, mientras que a los pescadores artesanales que proporcionan alimentos y medios de sustento se los apoya para que crezcan de forma sustentable. Desafortunadamente, algunas de las propuestas de la OMC parecen imponer cargas adicionales a los países en desarrollo que tienen una capacidad de reglamentación limitada, a la vez que otorgan subsidios a los combustibles fósiles para las grandes flotas, lo que conduciría a una mayor participación de los grandes operadores de pesca. Sería mejor esperar hasta que todos los países puedan evaluar las posibles ramificaciones de los distintos tipos de disciplinas antes de terminar perjudicando a los productores más pequeños.
Margen de mejora: Reparar las malas normas que ya existen en vez de ampliarlas
Tanto las normas de comercio electrónico como las disciplinas de reglamentación nacional representarían una expansión de la OMC. Pero la mayoría de los miembros de la OMC han argumentado que las normas injustas y perjudiciales que existen deben repararse antes de que la OMC pueda expandirse. Esta lucha se encontró en el centro de la última conferencia ministerial, que concluyó con un texto ambiguo en el que se reconoce que algunos países quieren aportar nuevos asuntos, mientras que otros quieren continuar con la agenda de desarrollo inconclusa de la Ronda de Doha.
Las normas sobre agricultura deben dar prioridad a la seguridad alimentaria
La máxima prioridad para una agenda de desarrollo verdadera sería transformar las normas actuales sobre agricultura. Hay dos aspectos clave: hacer que las normas sean más flexibles para que los países puedan alimentar a su población, y contener los subsidios que se proporcionan a los productos que ingresan al mercado mundial.
Lo que es increíble es que son los países ricos, no los pobres, a los que se les permite actualmente subsidiar la agricultura en el marco de las normas de la OMC, incluso en formas que distorsionan el comercio y perjudican a los productores nacionales de otros países, porque a los países se les sigue permitiendo subsidiar al nivel en el que lo hacían al momento de ingresar a la OMC. Para Estados Unidos y la UE, esto significa 19.100 millones de dólares estadounidenses y 72.200 millones de euros por año, respectivamente. Estos subsidios alientan la producción excesiva y debilitan artificialmente los precios a nivel mundial, destruyendo los medios de sustento de los agricultores en países que deberían beneficiarse del comercio agrícola mundial. Por lo tanto, un aspecto principal de las negociaciones actuales, y ojalá sea un resultado en Buenos Aires, sería reducir la cantidad de subsidios en el marco de las negociaciones de “apoyo nacional”.
En cambio, a países como India y la mayoría de los países africanos solo se les permiten subsidios mínimos, ya que no subsidiaban cuando se negociaron las normas iniciales de la OMC. Sin embargo, el mundo ha cambiado enormemente desde que estas normas se establecieron en 1995. Las décadas intermedias conllevaron varias crisis alimentarias mundiales como resultado de la reducción de la producción nacional en los países en desarrollo, mercados volátiles de commodities, la consolidación en las cadenas de producción y de venta al por menor, el cambio climático, entre otros factores. A lo largo de los años, muchos países en desarrollo hallaron que las imposiciones políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como por ejemplo el abandono de las inversiones en agricultura y la apertura de sus mercados a las importaciones, los sometieron al aumento de los gastos de importación y de la inseguridad alimentaria.
Ahora el péndulo vuelve hacia el apoyo de la producción nacional de alimentos. Las Metas de Desarrollo Sostenible les ruegan a los países que inviertan en aumentar la agricultura sustentable, mientras que al mismo tiempo se acepta cada vez más el “derecho a la alimentación” como derecho humano. Una de las mejores prácticas internacionales para apoyar los medios de sustento de los agricultores, garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural es la política de las “reservas públicas de alimentos”, en la que los gobiernos garantizan a los agricultores un precio mínimo por su producción y distribuyen esos alimentos a las personas con hambre dentro de sus propias fronteras. Lo que es sorprendente es que estos programas, implementados en alrededor de 20 países en desarrollo, van en contra de las normas de la OMC, incluso aunque la agricultura que se apoya no se comercia en los mercados mundiales.
Una coalición de casi 50 países en desarrollo en la OMC incide a favor de que los programas de reservas públicas de alimentos no se vean limitados por normas anticuadas de la OMC. Pero los cambios han sido rechazados firmemente por Estados Unidos, la UE, Australia y otros grandes exportadores de agronegocios. Estados Unidos tergiversa la realidad al acusar a China e India de ser los “mayores otorgantes de subsidios”. Pero en un análisis per cápita, sus pagos por agricultor siguen siendo minúsculos, alrededor de 348 dólares estadounidenses por agricultor en China y 306 dólares en India, en comparación con los 68.910 dólares en Estados Unidos.
Los miembros de la OMC acordaron encontrar una solución permanente para los programas de reservas públicas antes de diciembre de este año. Desafortunadamente, las posturas de los países que representan a Cargill, Tyson, BRF y Monsanto siguen estando muy arraigadas. Las medidas que tomen los activistas que trabajan por la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria podrían ayudar a inclinar la balanza para garantizar un resultado positivo en torno a este tema en Buenos Aires.
Más flexibilidad para las políticas de desarrollo
Junto con la transformación de las normas mundiales que rigen el comercio agrícola, los países en desarrollo inciden desde hace tiempo a favor de otros cambios en la OMC actual para aumentar la flexibilidad de los países en desarrollo para permitirles que aprueben políticas que promuevan el desarrollo.
En 2015, un grupo de 90 países en desarrollo impulsaron un paquete de propuestas concretas para cambiar las normas actuales de la OMC que eliminarían algunas de las limitaciones de la OMC sobre las políticas nacionales a favor del desarrollo. Muchas de ellas son versiones actualizadas de la “agenda de implementación” que ha formado la base de las críticas de los países en desarrollo a la OMC actual desde su fundación. Se trata, por ejemplo, de cambios para permitir que los países en desarrollo puedan promover la industrialización nacional, estimular la transferencia de tecnología, promover el acceso a medicamentos asequibles y salvaguardar la integración regional. Muchas de estas propuestas son similares a los reclamos de la sociedad civil englobadas en la Declaración de Darle la Vuelta de la red mundial Nuestro Mundo No Está En Venta, a la que se adhirieron cientos de grupos de la sociedad civil de todo el mundo.
Incluso en un área en que todos los miembros de la OMC deberían poder estar de acuerdo -garantizar beneficios para los PMA, no hay un consenso. Aunque era un mandato prioritario, el pequeño paquete de los PMA que se acordó en la conferencia ministerial de la OMC de Bali en 2013 aún no se ha puesto en práctica. Esto incluye garantizar un 100 por ciento de acceso al mercado libre de impuestos, libre de cuotas para las exportaciones de los PMA, la simplificación de las normas de origen que definen cuánto del valor de un producto debe producirse en el país para poder obtener beneficios de reducción de aranceles y proporcionar compromisos vinculantes reales para la exención de los servicios para los PMA (que permite a los países desarrollados proporcionar acceso al mercado de servicios a los PMA sin ofrecer acceso recíproco a los otros países, una “flexibilidad” que ha probado ser casi imposible de utilizar). También incluye el mandato de reducir los subsidios que Estados Unidos y la UE proporcionan a los productores de algodón, que enriquecen a unos pocos miles allí pero que han decimado de manera injusta la producción de cientos de miles de agricultores de algodón en África.
Lo que es incluso peor, solo un miembro de la OMC, Estados Unidos, parece no solo negarse a acordar las propuestas de desarrollo, sino que también se esfuerza por garantizar que se abandone para siempre el mandato de desarrollo en la OMC. Si tiene éxito, el mundo estaría forzado para siempre a continuar con las desigualdades y desequilibrios actuales, a instancias de un miembro de la OMC, que dice funcionar por consenso.
Hay mucho en juego este diciembre en Buenos Aires. Sin embargo, el resultado dependerá de la presión que ejerzan varias partes interesadas sobre sus gobiernos a medida que dan forma a las posiciones políticas antes de la conferencia ministerial en sí. Algunos incluso afirman que la “mini conferencia ministerial” de octubre en Marruecos será donde se tomen las decisiones principalmente. Los intereses de las empresas intentarán definitivamente influir a los gobiernos. ¿Harán lo mismo la sociedad civil, los sindicatos, los ambientalistas y los defensores del interés público y el desarrollo? Y lo que es más importante, ¿los gobiernos, que enfrentan revueltas a nivel nacional y en las urnas, seguirán a sus amos empresariales o actuarán en el interés de sus ciudadanos y cambiarán la dirección en la OMC?
Deborah James es la directora de programas internacionales del Centro de Investigación en Economía y Política (www.cepr.net) y coordinadora de la red mundial Nuestro Mundo No Está En Venta (www.ourworldisnotforsale.org) formada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan por un sistema de comercio multilateral sustentable, socialmente justo y democrático.
