Europe

Europa

CEPR researches economic performance and social indicators in Europe, including in relation to the United States. CEPR has particularly focused on Greece, Latvia, and Spain.

CEPR investiga el desempeño económico y los indicadores sociales de Europa, incluso en relación con los Estados Unidos. CEPR se ha centrado en Grecia, Letonia y España.

CEPR researches economic performance and social indicators in Europe, including in relation to the United States. CEPR has particularly focused on Greece, Latvia, and Spain.

CEPR investiga el desempeño económico y los indicadores sociales de Europa, incluso en relación con los Estados Unidos. CEPR se ha centrado en Grecia, Letonia y España.

Op-Ed/Commentary

Europa El conflicto actual en España tiene mucho que ver con el fracaso económico
Mark Weisbrot Globedia, 30 de octubre, 2017 Socialist Economist, 10 de noviembre, 2017 Alternativas Económicas, 6 de noviembre, 2017 La Bolsa, 30 de octubre, 2017 AlterNet, 26 de octubre, 2017 HuffPost, 26 de octubre, 2017 Ver el artículo original In English Ahora que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy tomó el control de la comunidad autónoma de Cataluña, se hace más evidente a los observadores ocasionales quiénes son los malos en este conflicto. Generalmente, cuando un bando es pacífico y busca diálogo, y el otro se dedica a resolver el desacuerdo por medio de la fuerza, la represión y la violencia… te haces una idea. El argumento del gobierno español de que el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre es inconstitucional no es tan evidente como parece. Como señala Vicenç Navarro, que lleva años escribiendo sobre la incompleta transición española a la democracia, la Constitución de 1978 fue más un producto de 36 años de dictadura que de la democracia que peleaba por nacer. Y el Partido Popular (PP) de Rajoy, en particular, tiene profundas raíces en fuerzas políticas y en personas que fueron parte de la dictadura de Franco. El carácter antidemocrático y fascista de la herencia del gobierno del PP saltó a la vista cuando Rajoy envió a cientos de efectivos a Cataluña en un intento fallido de impedir votar a la gente. No fue, como dijo, para aplicar la ley: el gobierno español podría simplemente haber permitido la votación y haberse negado a reconocer el resultado. Más bien, fue para aplastar por la fuerza el movimiento independentista y la expresión de sus ideas, y centenares de personas resultaron heridas por la Guardia Civil. La represión también incluyó una censura sin precedentes de internet, así como de los periódicos y la radio. Como muchos han señalado, el movimiento independentista en Cataluña tiene raíces profundas: viene de, el menos, 300 años atrás, y a los catalanes se les negó incluso el derecho a su lengua durante la dictadura. Pero hay otra razón, además de la represión y las vulneraciones de la limitada autonomía de Cataluña bajo la Constitución, que ha prendido en los últimos años. Es el profundo fracaso económico desde la crisis financiera mundial y la recesión de 2008–2009, y especialmente su impacto en la gente joven y en los desempleados de larga duración, a muchos de los cuales se ha dejado sin futuro en España. Merece la pena analizar esto con más detalle, ya que la economía española se viene describiendo últimamente en términos positivos desde que volvió el crecimiento económico hace cuatro años. Primero, el estado actual de los daños. A lo largo del año pasado (desde agosto), el desempleo ha sido de media del 18%, más de cuatro veces el nivel de Estados Unidos. Y sería mucho más alto si no fuera porque 1,7 millones de ciudadanos extranjeros dejaron el país. En 2016, un 43% de los desempleados lo estuvieron durante más de un año. En cuanto a las posibilidades de encontrar empleo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó recientemente que “las perspectivas para este grupo son particularmente nefastas”. El número de personas estimadas en riesgo de pobreza y exclusión social es del 27,9%. La desigualdad ha aumentado dramáticamente desde 2008: los ingresos del 20% más rico son ahora 7,5 veces más altos que los del 20% más pobre, situando a España como el tercer país con mayor desigualdad de la Unión Europea. Como ha señalado el FMI, esto se debe principalmente a que el empleo cayó un 20% entre 2008 y 2013 y, entre las víctimas de este colapso, las principales fueron los grupos con menores ingresos.  Además, la mayoría de los nuevos empleos son contratos temporales, intensificando la inseguridad incluso para aquellos que han tenido la suerte de encontrar un nuevo empleo. No es un bonito panorama. Pero el FMI, que representa aquí la visión de las autoridades europeas y del gobierno de Rajoy, parece no obstante aceptar el desempleo masivo como la nueva normalidad. El Fondo prevé que la economía alcanzará su máximo potencial de producción en algún momento en el próximo año. Pero el desempleo seguirá siendo del 16%. En otras palabras, el 16% de paro es lo mejor que se puede esperar, está siendo redefinido como “pleno empleo”. Y el desempleo juvenil es alrededor del doble de la tasa de paro para el conjunto de la población. Esto es una aberración: nadie a quien le importe la mayoría de la población en España, y especialmente el futuro de una generación de jóvenes, debería aceptar las políticas que han arruinado la economía española y continúan restringiendo la recuperación del mercado de trabajo.  No tiene por qué ser así. El interés de los bonos a diez años de España es solo del 1,6%, igual que su actual tasa de inflación. En otras palabras, España puede pedir préstamos a largo plazo gratis, a una tasa de interés real (ajustada a la inflación) de cero. Los expertos vociferan acerca de la deuda pública de España, pero cuando un gobierno puede mantener el endeudamiento a una tasa de interés real de cero, es un buen momento para una inversión pública que cree empleos e incremente la productividad de la economía. El aumento de la productividad ha sido muy débil durante esta recuperación. Pero el gobierno español del Partido Popular, en colaboración con las autoridades europeas, tiene una visión muy distinta del “progreso”. Juntos, están empeñados en seguir con los recortes presupuestarios, aunque la economía ya se está ralentizando. Están también preocupados por una recaída frente a las “reformas estructurales” que, según ellos, serían mejores para generar más empleo y mayor eficiencia de la economía.  Una parte de la teoría de la austeridad que se ha aplicado desde 2010 era que, debido a que España no podía devaluar su moneda (el euro), tenía que hacer una “devaluación interna”. Esto significa que el desempleo masivo y otras presiones (como los cambios en legislación laboral) forzarían una bajada de los salarios de forma que España fuera más competitiva e incrementarían las exportaciones, incluso con un euro que había sido previamente sobrevaluado para su economía. Sin duda, España ha incrementado sus exportaciones desde el fondo de la depresión. Pero desde que la recuperación económica empezó cuatro años atrás, las importaciones también han crecido, de modo que las exportaciones netas (la diferencia entre exportaciones e importaciones) no han contribuido en nada a la recuperación. Por tanto, es difícil argumentar que España haya ajustado su economía para producir un nuevo modelo de crecimiento.  El otro argumento a favor de la austeridad era que la contracción del presupuesto y la aplicación de reformas estructurales reducirían los tipos de interés y los pagos de intereses de la deuda pública española, recobrando la confianza de los mercados. Pero, de hecho, los tipos de interés de España cayeron a consecuencia de los drásticos cambios en la política del Banco Central Europeo (BCE): en 2012, el BCE decidió básicamente garantizar los bonos italianos y españoles; ha bajado los tipos de interés a corto plazo y también empezó una política de expansión cuantitativa en marzo de 2015 para reducir los tipos de interés a largo plazo y aportar un estímulo monetario. Por tanto, poco en los datos indica que la austeridad haya “funcionado” en España. Al contrario, no solo la economía es aún una ruina para millones de personas en España, sino que además la recuperación que ha tenido lugar debe mucho a la reducción de la austeridad y a la aplicación de pequeños estímulos que deben incrementarse para avanzar hacia el pleno empleo. En estas condiciones, no hay duda de que muchos catalanes creen que podrían estar mejor económicamente en un país independiente. Su problema económico es similar al de la mayoría de las personas que viven en la eurozona, entre ellos el resto de España, Francia, Italia y Grecia. Las autoridades europeas, y los gobiernos que eligen seguirles la corriente o son forzados a hacerlo (como Grecia), están condenados al desempleo de masas y a una serie de reformas regresivas en el futuro próximo. Es en este sentido estructural y práctico profundo que los movimientos separatistas, así como los que quieren abandonar la eurozona o la Unión Europea, tienen una base económica real en las políticas económicas fracasadas de las autoridades europeas y de buena parte de los gobiernos de la eurozona. También el crecimiento del porcentaje de votos a la extrema derecha en países como Francia, los Países Bajos y Alemania. Veremos si la élite europea abandona su fijación con políticas económicas fracasadas antes de que estas fuerzas centrífugas se hagan más fuertes.   Traducción por Indaga, cooperativa de investigación social (www.indaga.org).

Mark Weisbrot / 03 Noviembre 2017

Op-Ed/Commentary

Europa Las políticas económicas fracasadas de las autoridades europeas encuentran resistencia en España
Mark Weisbrot El Economista, 11 de marzo, 2016 Boston Review, 1 de marzo, 2016 Ver el artículo original. In English Las elecciones de diciembre en España fueron la prueba, si alguien la necesitaba, de que la lucha por el futuro económico y social de Europa está lejos de llegar a su fin. Por primera vez en tres décadas, ninguno de los dos grandes partidos que han gobernado en España desde su transición incompleta a la democracia ha sido capaz de formar una coalición de gobierno. El partido de derechas en el gobierno en funciones, el Partido Popular –con raíces en la dictadura fascista de Francisco Franco– sigue siendo el partido con mayor presencia en el Congreso, pero su representación se ha reducido un tercio. Al partido de centro-izquierda (PSOE), que perdió su mayoría frente al PP en 2011 a causa de su respaldo de la austeridad, le fue incluso peor. Muchos de sus antiguos votantes fueron a parar principalmente a Podemos, un nuevo partido de izquierda, con menos de dos años de vida, que nació de las masivas protestas contra la austeridad. Podemos sorprendió a los gabinetes demoscópicos y a la mayoría de los medios de comunicación al conseguir el 20,7% de los votos, a sólo 1,3 puntos del PSOE. El PP obtuvo el 28,7% y un nuevo partido, denominado Ciudadanos, que algunos han calificado como “el Podemos de derecha”, obtuvo el 13,9%. La agitación política que rompió el sistema bipartidista en España forma parte de un proceso en curso que ha asediado a los gobiernos europeos desde la recesión mundial de 2009. Se estima que el PIB de los diecinueve países de la Eurozona ha crecido un 1,5% en 2015; algunos pueden haber pensado que una recuperación económica tan débil y la capitulación del gobierno griego ante las demandas europeas el pasado julio marcan el principio de una solución al malestar económico de Europa. Esto todavía dejaría una multitud de problemas, tanto reales como sobredimensionados: la crisis migratoria, el terrorismo, el referéndum propuesto en Reino Unido sobre la pertenencia a la UE. Pero el problema económico está en el centro de la mayor parte de problemas y puede dificultar considerablemente su solución. La llegada de hasta un millón de inmigrantes a una población europea de más de 503 millones de personas no sería tan volátil políticamente si la región no conociera además un desempleo masivo y una inseguridad económica prolongada. La solución del problema económico se enfrenta a dos obstáculos principales: primero, la pérdida de soberanía económica y democracia, que permitirá, en los casos en que no les fuerce, a los gobiernos cambiar de dirección frente al fracaso económico a largo plazo; y segundo, las narrativas falsas con las que generalmente se presenta al público la economía europea, propagando un diagnóstico equivocado. La pérdida de soberanía económica es la principal razón de que la zona Euro tenga una tasa de desempleo más de dos veces superior a la de Estados Unidos. Incluso si los votantes estadounidenses hubieran elegido a Mitt Romney en 2012, éste no se hubiera atrevido a hacer lo que los gobiernos de la Eurozona –especialmente los de los países más vulnerables– han hecho, ya que habría supuesto un obstáculo a su reelección. Los países de la Eurozona cedieron el control sobre sus políticas macroeconómicas más importantes: la política monetaria (incluidos los tipos de interés), la política de la tasa de cambio (adoptando el euro) y cuando empezaron los problemas descubrieron que también su política fiscal (impuesto y gasto público) podía ser incautada por una élite ajena a sus intereses. Sin soberanía económica nacional, hay poco lugar para la democracia en la política económica. Esta debiera de haber sido la lección que todos deberíamos haber extraído de los últimos siete años. Los países de la Eurozona entregaron su soberanía a un grupo de personas con una agenda política bastante hostil a los intereses de la mayoría de los europeos –un grupo al que los ciudadanos jamás hubieran votado–. Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas bajo el primer gobierno del primer ministro Alexis Tsipras entre enero y julio del año pasado, ha señalado que el Eurogrupo de ministros de economía y finanzas –con quienes trataba de negociar el futuro de Grecia– “ni fue elegido ni rinde cuentas a nadie” y que ni siquiera cuenta con un estatus legal. Pero la llamada “troika”, que ha dictado muchas de las decisiones económicas a Grecia en los últimos seis años de recesión –el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el FMI–, no es muy diferente. Hay una serie de documentos que detallan la agenda económica de la troika y el Eurogrupo. El artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI requiere que los países miembros mantengan reuniones regulares con el FMI y que éstas deriven en un informe que describa el estado actual de la economía y recomiende diferentes políticas. Una ojeada a 67 de las denominadas reuniones del artículo IV para los 27 países de la UE entre 2008 y 2011 muestra un patrón sorprendentemente consistente. Hay recomendaciones orientadas a reducir el empleo y los salarios en el sector público, recortar el gasto en pensiones y asistencia sanitaria, endurecer las condiciones para optar a seguro de desempleo y otras medidas para incrementar la fuerza de trabajo, modificar leyes para que reduzcan el poder de negociación de los trabajadoras, entre otros muchos cambios tendentes al aumento de la desigualdad. En la medida en que estos documentos son un producto de la negociación entre los funcionarios del ministerio de finanzas y el personal del FMI –dirigido por directores europeos– representan un consenso de élite muy alejado de lo que los ciudadanos de estos países querrían o manifestarían a través de su voto. Como era de esperar, son estas mismas políticas las que se han implementado, con especial insistencia en los países más vulnerables de la Eurozona, desde 2010. La lucha en curso es, por tanto, mucho más que el habitual conflicto entre acreedores y deudores, o incluso entre países acreedores y países deudores (a pesar del evidente liderazgo de Alemania en el bando de la austeridad). De hecho, los acreedores privados griegos vieron reducidos en un 50% en sus principales bonos a principios de 2012, a pesar de que pudo haberse evitado en su mayor parte con simple respaldo del BCE a los bonos griegos cuando empezaron a tener problemas en 2009. Esto es lo que teóricamente debe hacer un banco central y lo que el BCE finalmente hizo con los bonos españoles e italianos en julio de 2012, cuando el presidente del BCE Mario Draghi anunció que iba hacer “todo lo que sea necesario” para asegurar la estabilidad del euro. Estas cinco palabras pusieron fin a la parte financiera de la crisis europea; el momento crítico se hizo evidente en los intereses de los bonos de los gobiernos español e italiano, que cayeron de picos insostenibles de 6 e incluso 7% a alrededor de 1,6% en la actualidad (bonos italianos a diez años). La pregunta que quedó sin responder es: ¿por qué el BCE no hizo esto dos años antes, y evitó así las crisis que se repitieron en 2011 y 2012? La respuesta puede encontrarse en los documentos del Artículo IV del FMI, así como en las declaraciones de los funcionarios europeos. En una reunión del Artículo IV con Francia en 2009 se puede leer: “La experiencia histórica indica que consolidaciones fiscales exitosas se hicieron con frecuencia en medio de recesiones económicas o en estadios iniciales de recuperación”. En otras palabras, las autoridades europeas vieron la crisis financiera como una oportunidad para forzar a los gobiernos de la Eurozona a aceptar sus términos y condiciones. Es importante entender esto porque muestra hasta qué punto están comprometidos con ese consenso de élites para rehacer Europa. Estaban dispuestos a hacer pasar a la Eurozona dos años más de crisis y recesión –una desaceleración que los Estados Unidos, cuya Gran Recesión acabó en junio de 2009 (18 meses después de empezar), no conoció–. Este compromiso se manifestó en la brutalidad con la que las autoridades europeas trataron a Grecia cuando sus votantes, tras más de seis años de recesión inducida por la austeridad, eligieron al partido de izquierda Syriza el 25 de enero de 2015. Nueve días después de que Syriza tomase posesión, el BCE interrumpió su línea de crédito primaria y más barata. A continuación restringió la cantidad de crédito que los bancos griegos podían aportar al gobierno, algo que no había hecho con el gobierno conservador previo. Esto estrechó el nudo financiero alrededor del cuello de Grecia y contribuyó a la huida de capitales que favoreció otro empujón a Grecia hacia una nueva recesión. Entre diciembre de 2014 y el mes de abril siguiente, más de mil millones de euros (alrededor del 13% del PIB griego) salió de los depósitos bancarios griegos. Pero esto era sólo el principio. Enseguida se vio que las autoridades europeas, lideradas por el BCE, estaban siguiendo una estrategia de cambio de régimen en Grecia. Estaban debilitando la economía con la esperanza de que el daño erosionara el apoyo al gobierno. Hubo divisiones entre las autoridades europeas; el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Shäuble, habló abiertamente de forzar la salida de Grecia del euro. Pero como confirmó Varoufakis en las rondas de negociación europeas de alto nivel, quedó claro que la Canciller alemana Angela Merkel prefería mantener a Grecia en el euro, con Syriza fuera. La administración Obama resultó estar de acuerdo con esto por razones geopolíticas. A posteriori, quedó claro que no hubo negociaciones reales en marcha. Cuando las autoridades europeas se dieron cuenta de que Grecia nunca saldría del euro –independientemente del resultado de las negociaciones–, no tenían más motivos para hacer concesiones. Fue solo palo y nada de zanahoria. Cuando el primer ministro Alexis Tsipras anunció que habría un referéndum el 5 de julio sobre el plan de austeridad del Eurogrupo, se desató toda la furia de los jefes supremos. El BCE hizo algo que ningún banco central había hecho nunca a un gobierno bajo su jurisdicción: restringió lo suficiente el crédito como para forzar un bloqueo del sistema bancario, creando una grave crisis financiera en Grecia, forzando el establecimiento de controles de capitales que todavía hoy siguen haciendo daño a la economía. Los funcionarios europeos, que intentaron influir en el resultado declarando públicamente que un voto por el “No” significaría la salida de Grecia del euro, dejaron claro que este asalto al sistema financiero buscaba reducir a Grecia a la sumisión. Sorprendentemente, los votantes griegos rechazaron de forma abrumadora el plan de austeridad. Este desafío ante la violenta arremetida mediática y el bloqueo del sistema bancario es bastante extraordinario. Sin embargo, Tsipras y la mayor parte de los líderes de Syriza decidieron que no había más opción que aceptar las exigencias de las autoridades, a pesar de su larga campaña contra éstas y la austeridad en general. Quizá aún más extraordinariamente, a pesar de algunas deserciones en el ala izquierda del partido, fueron reelegidos en septiembre. Aunque Syriza perdió su batalla crucial sobre la política económica, la estrategia de cambio de régimen también fracasó porque un número suficiente de votantes griegos comprendieron que el gobierno no fue el culpable del daño económico que el BCE había infligido. La reelección de Syriza es la prueba no sólo de las excepcionales habilidades políticas de Tsipras, sino también de la presión ejercida por la camisa de fuerza en la que los griegos se consideraban atrapados. Llevo años defendiendo que Grecia podría haberse recuperado mucho antes si se hubiera salido del euro en lugar de firmar el primer acuerdo con el FMI en 2010, lo que les llevó a una espiral descendente que destruiría el 25% de la economía griega y empujaría a un cuarto de la fuerza de trabajo y a la mayoría de los jóvenes griegos al desempleo. Muchos economistas comparten esta visión. El ex-economista del FMI Arvind Subramanian escribió ya en 2012 que Grecia podría recuperarse tan exitosamente fuera del euro que podría convencer a otros muchos países de la Eurozona seguir el mismo camino. Ninguna de las crisis financieras y recesiones asociadas con devaluaciones en las últimas dos décadas, algunas de ellas bastante graves, se acerca a la recesión prolongada que ha sufrido Grecia. Y el país no está en ningún caso fuera de peligro: se prevé que su economía volverá a crecer en 2017 tras caer este año, pero los pronósticos del FMI para Grecia han sido excesivamente optimistas prácticamente todos los años desde 2010 y la insostenibilidad de la deuda del país hace que crisis adicionales sean probables. ¿Dónde deja esto a España? El relato de la derecha es que el país se está recuperando gracias a las políticas del gobierno y que los votantes no deberían arruinar el progreso generando inestabilidad política –esto es, votando a una alternativa de izquierda–. Un relato en cierto modo más extendido saca una lección simple de Grecia: desafiar a las autoridades europeas es contraproducente y no hay alternativas al actual programa económico y al desempleo masivo. Estos relatos son erróneos. Aunque la economía española creció un 3,2% en 2015, la parte del crecimiento que se puede atribuir al éxito de las políticas de austeridad es pequeña o incluso nula. El gobierno ha seguido una política de “devaluación interna”: ya que España no puede devaluar directamente el euro, puedo hacerlo efectivamente más barato reduciendo los precios y salarios internos. Esta devaluación se ha llevado a cabo a través de políticas que han generado recesión y un desempleo creciente, con la esperanza de que las exportaciones reaviven la economía. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento reciente no viene de las exportaciones netas, sino de la relajación de la austeridad presupuestaria así como de la caída de los precios del petróleo (que permite a los consumidores contar con más dinero para gastar) y de la flexibilización cuantitativa del BCE (que reduce los tipos de interés). España es la cuarta economía más grande de la Eurozona. No opera bajo un acuerdo de préstamo europeo o del FMI que la obligue a sabotear su propia economía. Sería significativamente más arriesgado, financiera y políticamente, para el BCE intentar bloquear el sistema bancario español, como hizo con Grecia. Y hay caminos hacia el pleno empleo y el progreso social en los que un gobierno español resuelto podría embarcarse manteniéndose dentro del euro. Algunos de éstos pueden verse en el programa económico de Podemos. Por estas razones, Podemos ha dejado claro que seguirá su programa económico dentro de la Eurozona. Esto tiene sentido, dadas las graves dificultades políticas actuales para cualquier gobierno que siquiera proponga salirse del euro. Sin embargo, desde un punto de vista puramente económico, abandonar el euro sería el camino más rápido hacia el pleno empleo y el retorno a una creciente mejora en nivel de vida de la mayoría. El liderazgo neoliberal de Europa está ofreciendo un futuro nefasto, especialmente a la juventud europea. En España, un quinto de la fuerza de trabajo está desempleada, incluyendo a la mitad de los jóvenes, y un 60 % de los desempleados llevan sin empleo desde hace más de un año. El FMI estima que el desempleo se mantendrá en el 16-17% cuando España alcance su plenitud productiva dentro de unos años. En otras palabras, este es el mejor escenario que puede alcanzar. Incluso para toda la Eurozona, el pronóstico de desempleo es de más de un 9% en 2020, cuando se prevé que la economía llegue a la plenitud de su producción potencial. Las autoridades europeas están intentando crear una nueva imagen del desempleo de masas, un Estado de bienestar reducido y un empeoramiento de la distribución de la renta como nueva norma para Europa, al igual que los salarios estancados y la desigualdad creciente se convirtieron en norma en la economía estadounidense desde los años 80. En su relato, los beneficios electorales de los partidos de la derecha, anti-inmigrantes y racistas, se deben a un sentimiento “antieuropeo”; en lo que respecta a la camisa de fuerza neoliberal –desde todos los puntos del espectro político– acumulan un criticismo válido. Son, precisamente, sus propias políticas y el daño que resulta de ellas lo que ha llevado, por ejemplo, a los trabajadores franceses a votar al Frente Nacional No hay ningún motivo económico para que los europeos se rindan a la agenda política que ya les ha sometido al fracaso económico prolongado. Pero para rechazar tal programa, necesitarán gobiernos progresistas suficientemente fuertes para implementar alternativas prácticas a nivel nacional. Será una carrera contrarreloj ver si estos esfuerzos pueden tener éxito antes de que se produzca un mayor daño estructural. Mark Weisbrot es codirector del Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C., y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del nuevo libro “Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the Global Economy" (2015, Oxford University Press) (“Errados: en qué se equivocaron los ‘expertos’ acerca de la economía global”).

Mark Weisbrot / 11 Marzo 2016

Op-Ed/Commentary

EuropaGreciaEl Mundo Las autoridades europeas se niegan a permitir la recuperación de la economía griega, haciendo más probable su eventual salida del Eurogrupo
Mark Weisbrot Público, 7 de agosto, 2015 Al Jazeera America, 17 de julio, 2015 Ver el artículo original. en inglés  La batalla por el futuro de Europa, actualmente centrada en Grecia, está lejos de culminar. No obstante, con el acuerdo tentativo alcanzado entre el gobierno de Syriza y las autoridades europeas, no cabe duda de que se ha entrado a una nueva fase. Antes del referéndum del 5 de julio, los funcionarios europeos habían estado llevando a cabo una estrategia de “cambio de régimen“. Los plazos límite se fijaban y se vencían, y las amenazas de una expulsión forzada a Grecia, o Grexit, eran más que todo fingidas a pesar de que el líder más poderoso de los ministros de finanzas del Eurogrupo, el alemán Wolfgang Schäuble, parecía favorecerla. La estrategia de cambio de régimen lucía relativamente fácil: el Banco Central Europeo (BCE) mediante la restricción de crédito, y junto al enfrentamiento y los rumores de Grexit, ya había empujado a la economía griega de nuevo a la recesión. Parecía sólo cuestión de tiempo, antes de que el fracaso económico y combinado con la cobertura de los medios de comunicación contra Syriza, que se socavara el apoyo al gobierno griego lo suficiente como para propiciar la llegada de otro. Yanis Varoufakis, en su primera entrevista desde que renunció el 6 de julio al cargo de ministro de finanzas,  describe “la total falta de escrúpulos democráticos, por parte de los supuestos defensores de la democracia en Europa”; es decir, habla de sus socios en la negociación de la Eurozona. Ellos continuamente “retrasaron y luego sacaron el tipo de propuesta que se le presenta a la otra parte cuando no se busca un acuerdo”. El 26 de junio, el primer ministro griego, Alexis Tsípras, dio la vuelta a la situación al anunciar el referéndum, una consulta que el 5 de julio resultó ser un abrumador “no” contra más austeridad y “reformas” regresivas. Esto hizo que la estrategia de cambio de régimen se volviera un poco más engorrosa: si la idea era deshacerse de un gobierno llevando la economía a la ruina, hace falta que la gente culpe al gobierno en vez de los funcionarios europeos que están destruyendo la economía. Pero el voto demostró que los griegos eran conscientes de quiénes eran los responsables de su miseria, sobre todo después de que el BCE, en un esfuerzo por intimidar a los votantes, forzara el cierre del sistema bancario, algo que no había hecho en los últimos seis años de crisis y recesión. Esto fortaleció la posición dentro del campo europeo de Schäuble y sus aliados, quienes estaban a favor de una solución basada en la “expulsión inmediata”. Al parecer Tsípras se enfrentó a un dilema: aceptar los términos de las autoridades europeas o verse forzado a salir del euro, mientras el BCE insistía en destruir los bancos y el sistema financiero de Grecia. Se trataba de una situación de rehenes. Eligió rendirse, defendiendo su decisión sobre la base de que, aunque los votantes hayan rechazado la austeridad de forma contundente, estos tampoco querían abandonar el euro. Pero es casi seguro que el acuerdo actual, si se mantiene, no permitirá que la economía griega se recupere. Las metas de superávit presupuestario primario, de un 2,3 y 3,5 por ciento del PIB durante los tres años del acuerdo entre 2016 y 2018, lo hacen inevitable, dado que el país ya cuenta con un déficit presupuestario primario en la actualidad. Es poco probable que el gobierno sea capaz de cumplir con estos objetivos si la economía y, en consecuencia, los ingresos del gobierno, se contraen. El Financial Times estima que los superávit primarios contribuirán apenas en 4,5 millardos de euros durante estos tres años. Incluso si dicha predicción resulta ser baja, se trata de una pequeña parte de un paquete que se estima actualmente en 86 millardos de euros. El hecho de que los funcionarios europeos estén dispuestos a mantener la economía griega indefinidamente atrapada en una depresión, por una fracción tan pequeña de dinero que están poniendo (realmente el dinero de sus bolsillos, relativo a sus recursos) ha de ser una revelación para cualquier persona que esté siguiendo el drama. Esto significa que las autoridades europeas realmente no están interesadas ??en la recuperación económica de Grecia en un futuro próximo y también indica que esta lucha no es principalmente sobre la deuda en sí, sino que forma parte de una lucha política mucho más amplia, sobre el tipo de sociedad en que los griegos (y decenas de millones de otros europeos) desearían vivir. Las autoridades europeas han dejado claro que, mientras estén en control de la política económica de Grecia, la depresión del país y el desempleo masivo continuarán de forma indefinida. Incluso si se produjera un mayor alivio de la deuda, algo que todavía no forma parte del acuerdo, no mejoraría la situación en los próximos tres años, ya que es muy poco probable que permita reducir los pagos de intereses durante este período. Entonces, ¿Qué se podrá hacer? En la entrevista que dio después de su salida, Varoufakis describe tres pasos propuestos por él, en respuesta al cierre forzoso de los bancos griegos por parte del BCE: “Deberíamos emitir nuestros propios pagarés, o al menos anunciar que vamos a emitir nuestra propia liquidez en euros; debemos podar los bonos griegos de 2012 en posesión del BCE, o anunciar que lo haremos; y debemos tomar el control del Banco de Grecia (el banco central griego)”. Estos eran pasos que se encaminaban hacia una salida del euro, pero sin ser irreversibles. Eran movimientos que habrían ayudado a preparar al gobierno para mantener el funcionamiento de la economía en ausencia de un acuerdo con los acreedores.También mostrarían que Grecia no estaba completamente a merced de los acreedores. Pero Varoufakis, como él mismo señaló, estaba en la minoría. También puntualizó que, aunque había un pequeño equipo que trabajó en los detalles de una salida del euro “para preparar al país, era necesario tomar una decisión ejecutiva, y esta decisión nunca fue tomada”. Dichas preparaciones ahora lucen prudentes, ya que las máscaras han caído y todo el mundo puede ver cuán mezquina y despiadada está dispuesta a ser la dirección actual de la zona euro, con el fin de imponer su propia marca de orden económico en los países de la moneda común. Si Grecia deja el euro, las cosas probablemente empeorarán antes de mejorar, pero la economía se recuperaría. Como bien se sabe, Argentina sufrió una crisis financiera muy grave después de que dejara de pagar su deuda a finales de 2001 y desvinculó su moneda del dólar en enero de 2002. Sin embargo, tres meses después la economía ya crecía, y continuó creciendo un 63 por ciento en el transcurso de los seis años siguientes, una de las tasas más rápidas de crecimiento en el mundo durante ese período. Contrariamente a la creencia popular, el crecimiento fue impulsado no por un “boom de materias primas”, ni por las exportaciones. Aunque Grecia cuenta con más exportaciones, como porcentaje del PIB que Argentina en aquél momento y se beneficiaría de una devaluación, el impulso principal para una recuperación (al igual que en Argentina) vendría de la posibilidad de escapar de las políticas económicas destructivas impuestas por extranjeros. Argentina sólo tuvo que hacerle frente a una tercera parte de la Troika, el FMI, pero se trataba de un impedimento bastante mortal. Algunos economistas han señalado correctamente que un default y una devaluación que impliquen la creación de una nueva moneda presentan desafíos adicionales, en comparación con el abandono por parte de Argentina de la paridad peso/dólar. Pero esto no cambia la historia en su esencia. Una economía desarrollada no se transforma de la noche a la mañana en un estado fallido simplemente por salirse de una unión monetaria. Si nos paseamos por las peores crisis financieras de los últimos 25 años, ninguna de estas tuvo como resultado el tipo de daño económico sufrido por Grecia. No queda claro por qué alguien puede imaginar que Grecia estaría peor saliéndose del euro ahora que en tres años, en caso de seguir el programa económico que se encuentra finiquitando con las autoridades europeas. Mientras tanto, a pesar de la rendición incondicional por parte del gobierno de Syriza y del visto bueno del parlamento a las odiadas medidas de austeridad, exigidas por las autoridades europeas, el BCE no aumentó su Asistencia de Liquidez de Emergencia a los bancos griegos para que pudieran abrir. Los bancos no abrieron sino hasta el lunes 20 de julio, con importantes restricciones y un mercado bursátil cerrado. El BCE parece no tener prisa en detener el daño económico acelerado que le ha infligido de forma deliberada a la economía griega durante las últimas semanas, a modo de obligar el presente acuerdo. Mark Weisbrot codirector del Center for Economic and Policy Research en Washington, D.C. y presidente de Just Foreign Policy. Es además autor del libro de próxima aparición Errados: en qué se equivocaron los “expertos” acerca de la economía global (Oxford University Press, 2015).

Mark Weisbrot / 11 Agosto 2015

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