24 08:29:00 Agosto 2022
Nodal
Responsible Statecraft
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El 7 de agosto, Gustavo Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, asumió como presidente de Colombia. Ese mismo día, el antecesor de Petro, Iván Duque, dejó el cargo con un índice de aprobación abismal. En palabras del New York Times, “las políticas fallidas de Duque (…) lo convirtieron en uno de los líderes más impopulares en la historia reciente de Colombia”.
Sin embargo, el expresidente aún podría tener un futuro brillante en Washington, DC. Apenas dos días después de la asunción de Petro, el Woodrow Wilson Center, con sede en el corazón de la capital estadounidense, anunció que el expresidente había sido seleccionado como asociado distinguido (en inglés: distinguished fellow) del Centro.
La historia no recordará amablemente a Duque. Mientras era presidente, desmanteló parcialmente el histórico acuerdo de paz de Colombia, con consecuencias desastrosas para las comunidades pobres de color en las zonas de conflicto. Supervisó la represión masiva de las protestas contra sus políticas económicas, lo que resultó en la muerte de decenas de jóvenes manifestantes. Él y sus aliados interfirieron en la política interna en otros países, incluso en las elecciones estadounidenses de 2020.
Sin embargo, a partir del otoño, Duque recibirá un estipendio mensual de $ 10.000 y tendrá una cómoda oficina a un par de cuadras de la Casa Blanca. ¿Qué onda? ¿Por qué un destacado think tank de DC, uno que recibe fondos del gobierno de los EE. UU., otorga una beca a un expresidente muy vilipendiado que tiene un alarmante historial manchado de sangre?
La respuesta tal vez radica en la relación extraordinariamente estrecha – “la excepcional colaboración”, como dijo el presidente Biden – que ha existido entre los gobiernos de los EE. UU. y Colombia. Líderes como Duque han apoyado enérgicamente muchas de las prioridades políticas de Washington, en Colombia y a nivel regional. A cambio, han recibido respaldo político incondicional y miles de millones de dólares de asistencia de la administración estadounidense. Bajo el nuevo presidente progresista de Colombia, esta relación parece estar cambiando de rumbo, provocando ansiedad dentro de la élite de la política exterior de EE. UU.
Duque fue elegido en 2018, en gran parte gracias al respaldo de su mentor político, el expresidente ultraconservador Álvaro Uribe (2002-2010). Durante su presidencia, Uribe llevó a cabo una estrategia militar de tierra quemada contra grupos guerrilleros de izquierda, con un respaldo logístico y financiero sin precedentes de los Estados Unidos bajo la iniciativa del “Plan Colombia”. Fuera de las devastadas zonas de conflicto de Colombia, Uribe siguió siendo una figura popular, a pesar de sus presuntos vínculos con grupos paramilitares asesinos y narcotraficantes. Duque, quien se acostumbró a referirse a Uribe como el “presidente eterno”, prometió continuar con sus políticas de línea dura.
El primer blanco a atacar fue el acuerdo de paz de 2016 que puso fin a la larga y trágica guerra entre la insurgencia guerrillera de las FARC y el Estado colombiano. Según los informes, durante esta guerra de cinco décadas, 450.000 personas fueron asesinadas. Al menos 205.000 de estos asesinatos fueron perpetrados por fuerzas paramilitares vinculadas al establishment policial y de seguridad de Colombia, según una Comisión de la Verdad independiente creada en virtud del acuerdo. Los archivos desclasificados muestran que el gobierno de EE. UU. estaba al tanto de que el ejército colombiano llevó a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales y trabajó en conjunto con grupos paramilitares. Sin embargo, las relaciones entre el Pentágono y el ejército colombiano se hicieron más profundas. La ayuda de seguridad de EE. UU. continuó fluyendo, por una suma de $ 7,7 mil millones entre 1996 y 2016.
El acuerdo de paz le valió al presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) el Premio Nobel de la Paz. También le valió la cólera furiosa de su antiguo aliado Uribe. La campaña presidencial de Duque en 2018, en la que Uribe tuvo una gran presencia, se centró en oponerse al acuerdo. Una vez en el poder, Duque encontró varias maneras de debilitarlo. Redujo drásticamente la financiación de programas fundamentales, incluidas las instituciones responsables de la justicia transicional. Desvió fondos destinados a financiar programas para abordar la enorme desigualdad en la propiedad de la tierra y para permitir que los cultivadores de coca hicieran la transición a cultivos lícitos.
Lo peor de todo es que Duque no hizo cumplir adecuadamente las garantías de seguridad para miles de combatientes de las FARC desmovilizados y líderes comunitarios. Bajo Duque, las fuerzas de seguridad del estado estuvieron ausentes en gran medida en las áreas de conflicto o no se desplegaron cuando se necesitaban. Como resultado, los grupos armados ilegales se han multiplicado y la violencia se ha disparado a niveles observados durante el apogeo del conflicto armado. Mientras Duque estuvo en el cargo, 930 líderes sociales fueron asesinados y ocurrieron 261 masacres en las que murieron 1.144 personas, según el grupo de derechos humanos Indepaz.
Lamentablemente, el desastroso historial de Duque como presidente no se detiene ahí. La presidencia de Duque fue marcada por las protestas más grandes de la historia colombiana contemporánea. Aunque fueron una respuesta a las impopulares políticas de Duque en lo económico, lo educativo y lo sanitario, los niveles cada vez mayores de pobreza y de desigualdad de ingresos del país (los más altos de América Latina) también fueron factores que desencadenaron una indignación de gran alcance entre los jóvenes colombianos. Las protestas masivas fueron respondidas con una represión feroz y violenta por parte de las fuerzas policiales y militares. Más de 80 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, fueron asesinadas, y muchas otras fueron torturadas o agredidas sexualmente.
Duque y los funcionarios de su gobierno restaron importancia a los abusos de las fuerzas de seguridad y con frecuencia describieron las protestas como intentos de desestabilizar al gobierno en nombre de terroristas, narcotraficantes, gobiernos extranjeros y opositores políticos como Gustavo Petro. Hablando en un evento de mayo de 2021 en el Wilson Center, Duque se refirió al contexto preelectoral e hizo referencias apenas veladas a Petro y su equipo como “personas que podrían querer (…) construir sus aspiraciones basadas en el caos”. En el mismo evento, y mientras las protestas continuaban en Colombia, el presidente del Wilson Center, Mark Green, dijo a la audiencia que “el gobierno de Duque es un socio y aliado clave de los Estados Unidos. Nuestros valores, nuestros intereses políticos, económicos y estratégicos, se superponen de muchas maneras”.
De hecho, a pesar de todas sus fallas, el presidente Duque fue un aliado leal de los Estados Unidos. Al igual que su mentor Uribe, apoyó las prioridades clave de Estados Unidos, incluso cuando eran dañinas y contraproducentes. Continuó prosiguiendo la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos, basada en un enfoque agresivo y militarizado que a menudo criminaliza a comunidades enteras y se enfoca en la erradicación de cultivos a toda costa. Se unió a los EE. UU. para apoyar la fumigación aérea de las plantaciones de coca, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, entre otros, planteara su grave preocupación con respecto al impacto tóxico de la fumigación en la salud de los habitantes locales y en el medio ambiente.
La Comisión de la Verdad de Colombia ha criticado duramente el enfoque de la política antinarcóticos de Estados Unidos, culpándolo de endurecer el conflicto armado en el país. Lo cual tampoco parece haber funcionado: la producción de cocaína en Colombia ha ido en constante aumento y ahora se encuentra en el triple del nivel observado en 2012.
Duque, como la mayoría de sus predecesores, también ha sido un promotor constante de los objetivos de la política estadounidense en otras partes de América Latina. Apoyó firmemente los esfuerzos de la administración Trump respecto de un cambio de régimen en Venezuela, apoyando abiertamente los intentos de golpes militares allí y permitiendo que mercenarios y soldados venezolanos disidentes se entrenaran en Colombia.
Al igual que la administración de EE. UU., recibió con mucho agrado la destitución del presidente democráticamente elegido de Bolivia, Evo Morales, por parte de los militares y los políticos de extrema derecha. En Ecuador, el procurador general de Duque, un amigo cercano, intervino agresivamente en las elecciones del país de 2021 en un claro esfuerzo por socavar al candidato de izquierda Andrés Arauz y reforzar la campaña del candidato de Washington, Guillermo Lasso (para total transparencia: Arauz es actualmente un economista en mi organización, CEPR). Los aliados políticos de Duque, incluido Uribe, incluso se entrometieron en las elecciones estadounidenses de 2020, apoyando abiertamente a Trump y a los candidatos al Congreso en el sur de Florida.
Aun así, Duque luego tuvo excelentes relaciones con la administración Biden. En cada oportunidad, pregonó su apoyo a la política latinoamericana de Biden, que en muchos sentidos es una continuación de la política de Trump. Cuando Biden recibió críticas mordaces de muchos líderes regionales por excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Duque utilizó su discurso en la cumbre para lanzar una larga diatriba contra los tres países. Duque recibió elogios en Washington por ofrecer un estatus de protección temporal a cientos de miles de migrantes venezolanos, al tiempo que apoyaba las sanciones de Estados Unidos que han sido responsables de decenas de miles de muertes de civiles en Venezuela y que contribuyeron al aumento de la emigración.
La administración de Biden ha recompensado generosamente a Duque, con una serie de eventos de alto nivel con el secretario de Estado Tony Blinken y con el propio Biden. En una ceremonia en la Casa Blanca en marzo, Biden designó a Colombia como un importante aliado fuera de la OTAN, un impulso para el movimiento político de Duque solo dos días antes de las elecciones parlamentarias de Colombia. La administración estadounidense también dejó perfectamente claras sus preferencias políticas con vistas a las elecciones presidenciales en Colombia de junio. Altos diplomáticos estadounidenses emitieron declaraciones de preocupación sobre los temores de una intervención rusa, cubana y venezolana en las elecciones, con la implicación tácita de que apoyaban a Petro. Los funcionarios estadounidenses también evitaron deliberadamente reunirse con Petro antes de las elecciones, mientras sí se reunían con otros candidatos destacados.
Duque es ahora un asociado distinguido (de igual modo que Uribe que se convirtió en profesor visitante en la Universidad de Georgetown después de su presidencia). Petro es presidente. Cabe notar que Biden llamó a Petro después de su elección y le dijo que esperaba trabajar juntos en la política climática y la implementación del acuerdo de paz. Pero puede llevar un tiempo para que la administración estadounidense se acostumbre a la idea de que Colombia ya no es el principal agente de sus intereses en América Latina. Entre otras cosas, Petro ya está restableciendo las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y ha dejado en claro que tiene una visión muy diferente sobre la política de drogas que la que Estados Unidos ha promovido durante años.
Queda por verse si la administración estadounidense realmente aceptará la nueva realidad política en Colombia o si intentará socavar, o incluso derrocar, a su gobierno, como lo ha hecho tantas veces antes en América Latina.
